Para María de Jesús Ávila es difícil creer que en febrero el establecimiento que montaba desde su casa, el salón de belleza D’Marias Hair Salon, estaba lleno de clientes, pero ahora este negocio en la parte trasera de su casa en Springfield, Oregón, se encuentra vacío. Ahora María y su marido, Carlos Francisco Pérez, enfrentan el desempleo en plena pandemia.

“Hay más estrés porque no sabemos cuándo podemos volver al trabajo”, declara María de Jesús Ávila. “Estamos preparados para quedarnos en casa un rato, pero no para siempre”.

Tanto María Ávila como su esposo son trabajadores independientes, pero como muchos empleados del sector de servicios, los dos perdieron indefinidamente sus trabajos cuando la pandemia llegó a Oregón. María Ávila dice que solicitar los beneficios de desempleo acarrea varios obstáculos, porque su acceso a internet no es fiable y las traducciones en español de los formularios en línea son difíciles de entender.

“Intenté llenar los formularios en línea varias veces, pero, usted sabe, como no tengo buena conexión a internet, no pude completarlos”, dice ella, “Aun en español son difíciles de entender, así que los llené lo mejor que pude y vamos a ver”.

María Ávila emigró de Jalisco, México, a California en 1983, antes de establecerse en Springfield en 2002. Es una de los muchos inmigrantes que viven en el municipio de Lane y que conforman la población latina de Oregón, un 13.3% de la población total del estado. La comunidad latina constituye el 12% de la población de la ciudad de Springfield.

Sin embargo, las estadísticas del reportaje semanal sobre COVID-19 de Oregón demuestran que la comunidad hispana representa más del 29% de todos los casos afirmativos de coronavirus a nivel estatal.

La comunidad latina de Oregón ha sido afectada de manera desproporcionada por el coronavirus, debido a la opresión sistemática e institucionalizada, dicen varios expertos. Según ellos, la ubicación de sus comunidades, la inmigración y asuntos relacionados con la ciudadanía, así como una falta de información bilingüe, han incrementado las dificultades de la pandemia para la población latina.

La ubicación

John Arroyo, un profesor adjunto de la Universidad de Oregón que se especializa en el empoderamiento de comunidades diversas, dice que las poblaciones latinas en las zonas rurales son vulnerables al coronavirus porque suelen vivir alejadas de los recursos necesarios y estar expuestos a sustancias tóxicas que pueden causar condiciones preexistentes.

“Enfermedades físicas como el asma son comunes en zonas densamente pobladas por personas latinas debido al contexto histórico de los lugares donde esta población se ha establecido en los Estados Unidos”, dice Arroyo. “La prevalencia de enfermedades como la diabetes y los altos niveles de colesterol también son productos de injusticias contra el medioambiente”.

Beyond Toxics, una organización oregoniana sin fines de lucro que trabaja con el medioambiente, y el Centro Latino Americano, una organización en Eugene que provee recursos a la comunidad latina, formaron un equipo en 2012 para llevar a cabo un informe que investigara emisiones tóxicas. El equipo estudió la relación entre las comunidades latinas que pueblan el corredor industrial del oeste de Eugene, los niveles de asma entre los niños y niñas de distritos escolares cercanos y el estatus socioeconómico.

El informe demuestra que 99% de todas las sustancias tóxicas en la atmósfera de Eugene son emitidas en el oeste de Eugene, donde reside casi la mitad de la comunidad latina de la ciudad. Estos contaminantes causan condiciones preexistentes como el asma y la enfermedad pulmonar, que aumentan la vulnerabilidad frente al COVID-19.

Según el estudio, en el distrito escolar Bethel, la Escuela Primaria Fairfield tenía la mayor matrícula de alumnado latino (35%). También tenía el mayor número de alumnos que recibían almuerzo gratis o a un precio reducido además del mayor número de alumnos con asma autodiagnosticado.

Los estudiantes de Fairfield eran 107% más propensos a tener asma que los de Irving, la escuela primaria con la cifra más baja de estudiantes que reciben almuerzo gratis o a un precio reducido. Beyond Toxics sospecha que esto se debe a que Fairfield está a menos de 2 millas de 14 negocios que contaminan el aire, tales como aserraderos e instalaciones de tratamiento de madera.

Pero dado que los precios de las viviendas en esta región son más bajos que en otras zonas, muchas familias latinas no tienen otra opción, dice Arroyo, sobre todo si acaban de inmigrar a la región y no tienen documentos legales.

La inmigración y la ciudadanía

Aparte de los problemas que se derivan de las desigualdades en vivienda, la comunidad latina de Oregón también es más susceptible al COVID-19 por los obstáculos que enfrentan a la hora de recibir apoyo gubernamental.

La política de la carga pública (“Public Charge” en inglés) juega un papel importante en la decisión de los inmigrantes de buscar o no ayuda del gobierno, según Arroyo. La política de la carga pública establece que el gobierno puede negar acceso a la ciudadanía, a la “tarjeta verde” o a una visa si ellos creen que el inmigrante dependerá principalmente de la ayuda del gobierno.

“La carga pública dificulta el proceso de adquisición de la ciudadanía si el inmigrante está recibiendo ayuda gubernamental”, dice Arroyo. “Si ellos se benefician de los servicios públicos en este momento, es posible que no puedan convertirse en ciudadanos en el futuro”.

Junto con el miedo que implica la política de la carga pública, muchos pacientes evitan los centros de salud por el temor a que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) los estén esperando ahí. Una encuesta llevada a cabo en California por parte de The Children’s Partnership encontró que más de 40% de los pacientes inmigrantes faltaban a citas y consultas médicas para evitar una posible confrontación con agentes de ICE.

Según ICE, la agencia continúa con la detención de inmigrantes a pesar de los 90 casos confirmados entre los detenidos, y 20 entre empleados en varias de sus instalaciones. Poco a poco se está liberando, con monitores de tobillo, a aquellos detenidos que enfrentan un riesgo mayor de contraer el virus, pero todavía quedan más de 32,000 inmigrantes en centros de detención.

La agencia ha emitido declaraciones públicas indicando que los inmigrantes deben continuar buscando ayuda contra el virus sin miedo ni duda. Pero el Secretario Adjunto Interino del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security), Ken Cuccinelli, también dijo a través de una publicación de Twitter que ICE continuará sus operaciones como siempre, lo cual se suma a la confusión del público en cuanto al estatus de los hospitales como zonas seguras para los inmigrantes.

Además del temor a ser detenido por ICE, los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense o un salario documentado por declaraciones fiscales no pueden solicitar las prestaciones correspondientes al desempleo, los bonos alimentarios o los pagos de estímulo económico.

Este es un asunto que Lorna Flormoe, gerente de la Oficina de Derechos Humanos y Participación Vecinal de la ciudad de Eugene, dice que está intentando abordar en el plan de saneamiento de la ciudad.

“Muchos de los servicios disponibles para la mayoría de los miembros de la sociedad no están al alcance de la comunidad latina a causa de su estatus migratorio”, dice Flormoe. “Nos preguntamos, ¿cómo podemos apoyar a las familias sin medios para acceder a la ayuda típica”?

El frente de batalla

Sin la capacidad de recibir ayuda del gobierno, para muchas familias de la comunidad hispana tomar un descanso del trabajo para practicar el distanciamiento social no es una opción viable. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hispanos del estado de Oregón (Oregon Commission on Hispanic Affairs), Linda Irma Castillo, dice que esto es particularmente cierto para muchos empleados latinos a cargo de familias grandes y multigeneracionales.

“Muchas veces no tienen la opción de no trabajar, y los trabajos que hacen corresponden al sector de servicios, como la limpieza, así que ya están expuestos al virus”, dice Castillo.

Según Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, una organización que aboga por los inmigrantes hispanos y los que trabajan en el campo, hay 74,000 trabajadores indocumentados que se dedican a la agricultura, el cuidado de niños, los servicios de alimentación, la limpieza, el mantenimiento y las ventas en el estado de Oregón, lo cual equivale a un 13% de la población latina de Oregón.

“La gran mayoría de estos trabajadores son considerados ‘esenciales’, pero ellos no pueden recibir el seguro de desempleo o atención en caso de emergencia”, dijo Reyna López, la directora ejecutiva de la organización, en una declaración pública ofrecida el 24 de abril.

La necesidad de mantener a varios miembros de la familia demuestra cómo el distanciamiento social es otro tipo de privilegio que los grupos minoritarios no tienen, dice Arroyo, especialmente sin ninguna ayuda del gobierno.

“Las poblaciones latinas viven del día a día, manteniendo a sus numerosas familias con varios sueldos”, dice Arroyo, “Si usted no puede continuar trabajando, tiene que alcanzarle para no hacerlo”.

Según Castillo, esto vuelve a la misma pregunta de las familias latinas: ¿Cómo se mantiene a una familia mientras uno se protege a sí mismo durante una pandemia en que no existe la opción de no trabajar?

Y para las familias cuya lengua nativa no es el inglés hay otro obstáculo: el acceso a la información.

La falta de información en español

La mayoría de la información sobre la pandemia en las noticias, centros de salud y el gobierno no está disponible en español, y hay pocos recursos para los miembros de la comunidad que no hablan inglés, dice Castillo.

“Al principio, muchos materiales no fueron traducidos o divulgados por todo el estado”, dice Castillo. “La comunidad necesita información en que pueda confiar, que sea intercultural y escrita en varios idiomas”.

La mayoría de la información sobre el COVID-19, la cuarentena y las restricciones del distanciamiento social sólo ha sido propagada por el internet. Según María Ávila, proveer información de esta manera muchas veces es más difícil para las personas cuya primera lengua no es el inglés, y las traducciones al español no siempre son precisas. Ahora que los consultorios del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service) y del desempleo no están abiertos al público, recibir ayuda bilingüe requiere de una llamada telefónica que puede durar horas.

Según un cuestionario del Centro Latino Americano sobre los efectos del COVID-19 en la comunidad latina del municipio de Lane, 44% de los clientes latinos se preocupan por el acceso a información sobre COVID-19. Veintinueve por ciento se preocupan por la barrera lingüística que les impide acceder a información sobre las escuelas, las noticias y los servicios de salud.

Flormoe dice que la ciudad está priorizando estas inquietudes en su plan de reacción y saneamiento. También dice que el sitio web de Eugene ofrece una opción para traducciones al español en la parte superior de cada página, que no sólo traduce la información, sino también enumera varios servicios disponibles y tiene información actualizada y precisa sobre COVID-19 para cualquier miembro de la comunidad. Castillo dice que el sitio web de la Comisión de Asuntos Hispanos de Eugene (Eugene’s Commission on Hispanic Affairs) también contiene esta información.

La incertidumbre

En el municipio de Lane, con el inicio de la primera fase de la reapertura después de la orden ejecutiva “Stay Home, Save Lives” emitida por la gobernadora Kate Brown en marzo, negocios como restaurantes, gimnasios y servicios cosméticos están abriendo de nuevo — incluso el salón de belleza de María de Jesús Ávila.

“Estoy emocionada porque mañana abrimos”, dice ella. “He estado llamado a mis clientes para ver si necesitan hacer una cita”.

Pero el levantamiento de las restricciones de la cuarentena impuestas a las empresas de Oregón viene con una lista larga de medidas preventivas que se basa en los consejos de reapertura de la Oregon Health Authority, lo cual implica costos extra. Las revisiones médicas de condiciones preexistentes de los clientes, una limpieza exhaustiva entre citas y la compra de mascarillas, guantes y capas son sólo algunos de los requisitos con que María de Jesús Ávila tiene que cumplir como parte de la reapertura de su negocio.

“He estado buscando materiales para limpieza, y he pedido algunos ponchos, pero son difíciles de encontrar”, dice. “Por el momento, voy a usar bolsas plásticas para basura negras hasta que lleguen mis ponchos, y estoy pidiendo a mis clientes que se pongan mascarillas”.

María de Jesús Ávila dice que espera desinfectar el salón entero después de cada visita, limitar la cantidad de citas que puede programar por día y tomar un baño antes de entrar a su casa. Minimizar el nivel de exposición de su familia sigue siendo su primera prioridad.

“Sé que va a ser diferente cuando volvamos al trabajo”, dice ella. “Quiero estar preparada para cuando volvamos, pero muchas cosas van a cambiar”.

Recursos disponibles:

Si usted o alguien que conoce necesita recursos o información sobre sus derechos o la deportación, seguridad alimentaria, información sobre el COVID-19 o tiene quejas sobre la justicia ambiental, por favor contacte a estas organizaciones: Centro Latino Americano, Commission on Hispanic Affairs, PCUN, CAUSA, Eugene Gleaners, Huerto de la Familia, Beyond Toxics, Occupy Medical y Oregon Latino Health Coalition